La Corte Constitucional publicó la sentencia en la que declaró inexequibles los artículos 274 y 275 del Plan Nacional de Desarrollo 2018 – 2022 (Ley 1955 del 2019), en los cuales se estableció el arancel a ciertas importaciones. En la providencia se concluye que las disposiciones analizadas tienen una clara vocación de fijar una política comercial y ni en los antecedentes legislativos ni en las bases del plan se da cuenta de estudios o justificaciones de índole fiscal para la introducción de aranceles. Como consecuencia de lo anterior, la Corte verificó que el Congreso de la República desbordó la competencia otorgada por la Constitución en materia de fijación de aranceles de política comercial, al no limitarse a fijar pautas o criterios generales que fueran objetivo de una posterior regulación detallada por parte del Ejecutivo, impidiendo así responder a las dinámicas del mercado y la conveniencia nacional (M. P. Alejandro Linares).