La Corte Constitucional conoció una acción pública de inconstitucionalidad en contra del artículo 222 de la Ley 1819 del 2016, en el cual se reguló la base gravable y tarifa del impuesto al carbono. El accionante alegó que la norma desconocía la Constitución al incurrir en omisión legislativa respecto del carbón mineral, pues no se brindaba un trato igualitario respecto de otros combustibles fósiles. Por su parte, el tribunal constitucional concluyó que en la demanda no se demostró cómo la disposición acusada vulneraba el ordenamiento jurídico, lo cual impidió tomar una decisión de fondo en el asunto (M. P. Luis Guerrero).