Antes de aceptar un encargo de revisoría fiscal y en el desarrollo de la labor, un contador público debe evaluar si la amistad con la administración genera amenazas para el cumplimiento de los principios de ética e independencia, frente a los cuales no sea posible establecer salvaguardas que las eliminen o reduzcan a un nivel aceptable, indicó el Consejo Técnico de la Contaduría Pública. El Tribunal Disciplinario de la Junta Central de Contadores es la entidad competente para sancionar por el incumplimiento de los mencionados principios.