Al levantar la reserva de un concepto emitido en el 2017, la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado precisó que la entrada en vigor de las normas de contabilidad, de información financiera y de aseguramiento de la información que hubiera expedido el Gobierno Nacional, en aplicación de la Ley 1314 del 2009 (Ley de Intervención en la Economía) sí derogaban, sustituían o modificaban los mandatos existentes sobre esas mismas materias, contenidas en la leyes 145 de 1960, 43 de 1990 y 222 de 1995, entre otras, y en los Decretos 2649 y 2650 de 1993, entre otros. Lo anterior excepto las normas sometidas a reserva de ley, como aquellas contenidas en el Código de Comercio, en el Estatuto Tributario o en otras disposiciones legales o con fuerza de ley de carácter tributario, ni aquellas que conformen el Código de Ética de los contadores públicos y otros profesionales afines. También recordó que la Dian y otros organismos de vigilancia y entidades responsables de la política económica pueden formular observaciones sobre los proyectos de normas que prepare el Consejo Técnico de la Contaduría Pública (CTCP) o las que pretenda emitir el Gobierno en torno a los mandatos contables, de información financiera y aseguramiento de información. Sin embargo, ninguna de ellas están obligadas a pronunciarse sobre estas iniciativas (C. P. Álvaro Namén Vargas).