Congreso aprobó el Presupuesto General de la Nación para 2024

Este miércoles, el Congreso de la República aprobó en segundo debate el proyecto 057/23C – 079/23S, que establece el Presupuesto General de la Nación (PGN) para el 2024. Con este aval, el Gobierno de Gustavo Petro contará con $ 502,6 billones que solicitó para funcionamiento ($ 310 billones), servicio de deuda ($ 95 billones) e inversión ($ 24,1 billones) del país.

De acuerdo a las cuentas presentadas por el jefe de Hacienda, los ministerios que recibirán más recursos el próximo año son Educación ($70,4 billones), Salud ($61,5 billones), Defensa ($56 billones), Hacienda ($47,5 billones) y Trabajo ($44,3 billones).

Por otra parte, en los montos más bajos, están Inteligencia ($202 mil millones), Ciencia y Tecnología ($399 mil millones), Empleo Público ($582 mil millones) y el Sistema Integral de Verdad, Justicia y Reparación y No Repetición ($913 mil millones de pesos).

En lo que concierne a las fuentes de financiación, según lo aprobado, $ 317,4 billones llegarán por ingresos corrientes, $ 140,8 se recibirán por recursos de capital, $ 15,2 billones por fondos especiales; $ 3,1 billones por contribuciones parafiscales y $ 26,1 billones por medio de ingresos de los Establecimientos Públicos.

Durante el debate, el ministro de Hacienda y Crédito Público, Ricardo Bonilla, el proyecto se realizó en el marco de un debate democrático: “Estos recursos permitirán impulsar una reactivación productiva encaminada a reducir el desempleo, la inflación, la pobreza y la desigualdad social y regional”.

Asimismo, aseguró que: “Los recursos aprobados impulsarán proyectos de inversión pública de alto impacto multiplicador en la transformación social y productiva del país, que permitirán contrarrestar el ciclo descendente de la actividad económica y avanzar en el cierre de brechas sociales, con programas dirigidos a incentivar la producción agropecuaria; mejorar la infraestructura educativa, hospitalaria y de transporte, y salvaguardar a la población más pobre del país mediante transferencias monetarias (renta ciudadana)”. 

En el Senado, los congresistas solicitaron escuchar al director técnico del Comité Autónomo de la Regla Fiscal (CARF), Andrés Mauricio Velasco, quien se pronunció sobre las preocupaciones frente a los ingresos del Presupuesto General: “Luego de un análisis, desde la CARF, vemos con serias dudas el arbitramento de litigios como medida para recaudar 15 billones de pesos. De lograrse perfeccionar, serían ingresos no permanentes, esto significa, la des acumulación de un activo que dejará de existir en próximos periodos”. Velasco añadió que: “El espíritu de la sostenibilidad fiscal es financiar con gastos permanentes, no temporales. Los gastos futuros se quedarán sin financiación y tendrán que acudir a la deuda pública”.

Otra de las preocupaciones expresadas por el Congreso se relacionó con la cuantía de la gestión de la DIAN con la que se espera recaudar 13 billones de pesos y los riesgos de financiamiento haciendo uso de los artículos 76 y 77 del Estatuto Orgánico de Presupuesto, sobre esto, Velasco aseguró que: “La alternativa de aprobar un Presupuesto General de la Nación que puede enfrentar riesgos de financiamiento con la utilización de los artículos 76 y 77 del Estatuto Orgánico de Presupuesto, que permite aplazar o recortar el presupuesto si no se perfeccionan los ingresos, nos parece que puede ser riesgosa en la medida en que una de las fuentes de financiamiento que ya se están considerando, son pérdidas de apropiación”. 

Ahora el proyecto pasará a sanción presidencial para convertirse en ley. Cabe recordar que este deberá firmarse en los próximos días, antes de finalizar el mes de octubre.

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