Sancionando a dos abogados con varios meses de suspensión del ejercicio profesional, el Consejo Superior de la Judicatura enfatizó a la comunidad jurídica que un acto desleal contra la abogacía consiste en adquirir del cliente, directa o indirectamente, todo o parte de su interés en causa, a título distinto de la equitativa retribución de los servicios y gastos profesionales. El alto tribunal encontró que los litigantes adquirieron una tercera parte de un predio que hacía parte de un proceso de posesión al que habían prestado su asesoría profesional (M. P. Julia Emma Garzón).