Mediante el Decreto 1737, el Gobierno acaba de reglamentar el programa de protección para víctimas y testigos de la Ley de Justicia y Paz (Ley 975 del 2005), cuyo objeto es salvaguardar la vida, la integridad y la libertad de las personas que se encuentren en situación de riesgo como consecuencia directa de su condición de víctima o testigo dentro de un proceso bajo esa ley o para obstaculizar su intervención en el mismo. El programa contempla varios dispositivos de protección individual y colectiva y medidas de carácter general y asistencial. Estas últimas se refieren a la atención de necesidades como salud, educación, recreación, apoyo sicosocial y orientación jurídica. Quedó derogado el Decreto 3570 del 2007 (anterior reglamento sobre el tema).