Vuelve y juega el proyecto de ley anticorrupción en el Congreso

Tras instalar el Congreso, el presidente de la República, Iván Duque, la vicepresidenta, Marta Lucía Ramírez, y la ministra del Interior, Nancy Patricia Gutiérrez, radicaron ante la Secretaría del Senado el proyecto anticorrupción, que busca eliminar la casa por cárcel a los condenados por corrupción. Esta iniciativa fue presentada conjuntamente con el fiscal (e), Fabio Espitia, y los partidos políticos. (Lea: Proyecto anticorrupción crearía este tipo penal: manipulación fraudulenta de reparto y actuaciones procesales)

 

Como lo prometió, el presidente @IvanDuque radicó proyectos de ley que endurecen sanciones penales y administrativas en contra de los corruptos.

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— Presidencia Colombia (@infopresidencia) July 21, 2019

 

“Este proyecto trae mensaje de urgencia y aspiramos que en el término máximo de dos meses ya esté aprobado”, afirmó la ministra del Interior, Nancy Patricia Gutiérrez.

 

Cabe recordar que esta propuesta retoma puntos debatidos en la legislatura pasada de un proyecto que se hundió por falta de trámite.

 

Temáticas de la iniciativa:

 

1. Medidas administrativas para desestimular y reducir las acciones delictivas en materia de corrupción, asociadas, entre otras, a las inhabilidades para contratar, la contratación directa, la bancarización de ciertas operaciones que involucran recursos públicos.

 

2. Medidas punitivas para conductas criminales relacionadas con la administración pública, la administración de justicia y el orden económico y social.

 

3. Medidas procesales para fortalecer la investigación y judicialización de la corrupción.

 

Medidas administrativas

 

Dentro del articulado se plantea extender la inhabilidad para contratar con el Estado a las personas jurídicas sobre las cuales se haya ordenado su suspensión o cuyos representantes legales, administradores de hecho o de derecho, miembros de junta directiva o sus socios controlantes, matrices, subordinadas y/o las sucursales de sociedades extranjeras hayan sido beneficiados con la aplicación de un principio de oportunidad por cualquier delito contra la administración pública o el patrimonio del Estado. La inhabilidad sería permanente.

 

De otra parte, se propone que las inhabilidades que rigen la contratación estatal se extiendan a los procesos contractuales privados en los que se comprometan recursos públicos.

 

Medidas punitivas

 

La primera de las medidas que se plantean es la modificación del artículo 38G del Código Penal (Ley 599 del 2000), que trata sobre la prisión domiciliaria por pena parcial cumplida. La propuesta va encaminada a excluir la posibilidad de que la ejecución de la pena privativa de la libertad se cumpla en el lugar de residencia a quienes hayan sido condenados por conductas de corrupción.

 

Así, se incluye dentro de las excepciones establecidas en este artículo a los condenados por:

 

(i)                  Los delitos que afecten el patrimonio del Estado.

(ii)                Los delitos dolosos contra la administración pública.

(iii)               Los delitos que atentan contra la eficaz y recta impartición de justicia.

 

De manera similar, se introduciría una lista de delitos relacionados con conductas de corrupción al parágrafo del artículo 314 de la Ley 906 del 2004, que establece la prohibición de sustituir la detención preventiva en establecimiento carcelario por detención domiciliaria cuando la imputación se refiera a una lista taxativa de delitos.

 

Así mismo, se propone la obligatoriedad de una pena accesoria para aquellas personas condenadas por conductas de corrupción en las que hayan incurrido con abuso del ejercicio de su profesión u oficio o en las que haya mediado relación de causalidad entre el delito y la profesión o se hayan contravenido las obligaciones que de su ejercicio se deriven.

 

En cuanto a ajustes en el catálogo de delitos, se señalan medidas específicas contra ciertas conductas de corrupción. Por ejemplo, se prevén circunstancias de agravación punitiva para las conductas relacionadas con la falsedad que recaiga sobre documentos privados o públicos relacionados con el sistema general de seguridad social o con programas estatales de atención a niños y adolescentes.

 

De igual manera, se haría una inclusión en el artículo 318 de la Ley 599 del 2000, sobre las urbanizaciones ilegales, para hacer una referencia expresa a la intervención de los servidores públicos en la modificación arbitraria de los planes de ordenamiento territorial (POT).

 

Además, se crearían dos nuevos tipos penales para los funcionarios que, luego de haber realizado actos ilegales, induzcan, constriñan o soliciten (concusión por acto cumplido) o reciban (cohecho por acto cumplido) para sí o para otro dinero o utilidad, sin necesidad de que hubiera promesa remuneratoria previa.

 

Medidas procesales

 

Las principales propuestas en este sentido son: la extensión de la competencia de los jueces con función de control de garantías; la posibilidad de que la Contraloría General se constituya en víctima en los procesos penales por conductas punibles que afecten el patrimonio público; ajustes legales en algunas actividades de investigación; un término mínimo de prescripción de la acción penal; mayores condiciones a la posibles rebajas punitivas en virtud de negociaciones y acuerdos con la Fiscalía en los casos de conductas punibles asociadas con el fenómeno de la corrupción y ajustes en reglas de obligatoriedad del servicio de peritos.

 

Al mismo tiempo fue radicado otro proyecto de ley, que consta de 25 artículos, que plantea medidas para favorecer las denuncias, ofrecer recompensas a quienes den información sobre casos de corrupción y perseguir los bienes de los corruptos.

 

Cámara, proyecto de ley 005/19C, Jul. 20/19. Senado, proyecto de ley 008/19S, Jul. 20/19.