La Corte Constitucional admitió una nueva demanda en contra del artículo 2º de la Ley 1826 del 2017, que estableció un procedimiento penal especial abreviado y reguló la figura del acusador privado. Precisamente, esta última institución es atacada por la presunta vulneración de los artículos 116, 228, 250, 251 y 252 superiores, así como el artículo 12 de la Ley Estatutaria de Administración de Justicia (Ley 270 de 1996). Según la demandante, las normas de la Carta Política violadas establecen que la función de investigación de los hechos punibles le corresponde de manera privativa a la Fiscalía General de la Nación y ni los estados de excepción permiten al Gobierno suprimir o modificar los organismos o las funciones básicas de acusación y juzgamiento.