La Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia aclaró que una declaración anónima no puede ser valorada como prueba, porque implicaría la trasgresión de garantías judiciales mínimas del procesado. Igualmente, indicó que esa información puede ser utilizada para realizar labores de verificación o para orientar la investigación. De igual forma, y con base en el caso concreto, el alto tribunal explicó cuáles son los requisitos necesarios para evaluar la configuración del delito de prevaricato por acción en el ámbito de la valoración probatoria. Al respecto, afirmó que son: i) establecer la realidad procesal que tenía ante sí el procesado para cuando emitió la decisión cuestionada; ii) evitar la valoración de datos con los que no contaba el procesado y que, por alguna razón, fueron aportados al trámite seguido en contra de este, entre otros (M. P. Patricia Salazar Cuéllar).