Recientemente, la Corte Constitucional dispuso la exequibilidad del Convenio sobre la Ciberdelincuencia y de la Ley 1928 de 2018, que aprobó dicho acuerdo. Según la providencia del alto tribunal, la totalidad de las disposiciones contenidas en el acuerdo conservan como base la cooperación entre las partes, lo cual es un desarrollo del tratamiento igualitario y los efectos recíprocos del convenio. Además, destacó que el contenido de este instrumento efectiviza los fines esenciales de la Constitución, atiende la soberanía e independencia del Estado colombiano en materia penal y observa los mandatos constitucionales que se concretan con la adquisición de compromisos internacionales regidos por principios de conveniencia, soberanía nacional, reciprocidad y equidad. Conozca este y otros argumentos en el documento adjunto (M.P. Cristina Pardo Schlesinger)