La conducta encaminada a incidir en los jueces de la República para que dicten sentencias abiertamente ilegales, se adecua a la figura de la determinación y no a la de la intervención. Así lo sostuvo la Corte Suprema de Justicia en fallo que confirmó la condena por el delito de peculado por apropiación a dos abogadas involucradas en el desfalco a la Empresa Puertos de Colombia (Foncolpuertos), por la interposición de demandas laborales en las que se reconocieron prestaciones no consagradas en la ley ni en la convención colectiva de trabajo. Para la corporación, no puede adecuarse a la calidad de autoría y, consecuentemente, de interviniente, a quien ha incidido a través de sus abogados para conseguir decisiones judiciales ilegales, como tampoco puede serlo quien logra incidir sobre los funcionarios de la empresa defraudada para que, mediante el mecanismo de la conciliación, accedan a cancelar los valores reconocidos judicialmente. (M.P. Eyder Patiño Cabrera)