Aunque la simulación absoluta o relativa es una figura jurídica permitida en el Derecho Civil colombiano, acudir a la jurisdicción o a la administración para derivar derechos del negocio aparente puede ser un medio idóneo para llevar al error al servidor público con el propósito de obtener decisiones contrarias a la ley, es decir, la configuración del delito de fraude procesal. Así lo aseguró la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia al indicar que presentar a cobro judicial unas letras de cambio que no corresponden a un negocio verdadero es una conducta que tipifica dicho punible, pues en realidad ellas no contienen una obligación, clara, expresa y exigible, al ser títulos ficticios. Esto burla y deslegitima la administración de justicia, porque se utiliza para actos perversos, advirtió la corporación. Además, el ilícito se consuma, aunque no se obtenga el resultado querido, teniendo en cuenta que sus efectos perduran en el tiempo mientras el mecanismo fraudulento incida en el actuar del funcionario. Por otro lado, la sentencia aclaró que la materialización de ese delito requiere ejecutar actos previos para estructurar el medio engañoso, lo que puede ser realizado, previo acuerdo, por persona diferente a la que acude a la autoridad (M. P. Eugenio Fernández).