La Corte Constitucional señaló que procede la tutela contra la decisión de un juez de instancia en un proceso de reparación directa que desconozca las garantías del debido proceso y la administración de justicia, si se somete a las víctimas a la imposibilidad de conocer la verdad jurídica y material acerca de los hechos que rodearon la reclamación. A su juicio, la práctica de pruebas constituye una de las actuaciones más importantes del proceso y en ese sentido concluyó que la copia del expediente penal adelantado con ocasión de una muerte era la prueba determinante para conocer el grado de responsabilidad del Estado, ya que se fundamentaba en que el cadáver había sido encontrado en las instalaciones de la Dijín. Con estos argumentos anuló las sentencias de primera y segunda instancia y le ordenó al juez elaborar un nuevo fallo (M. P. Jorge Ignacio Pretelt).