En un concepto de extradición emitido respecto de un miembro de las Farc, la corporación reiteró que estos delitos son conexos cuando la actividad ilegal de tráfico de estupefacientes ha sido cometida para financiar organizaciones insurgentes. En criterio de la Sala, ni el legislador ni los instrumentos internacionales han considerado como un impedimento para la solicitud de extradición el rol del acusado, tal como lo advierten instrumentos como la Convención de las Naciones Unidas sobre tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias sicotrópicas, la cual fuera incorporada al derecho interno mediante la Ley 67 de 1993. Al parecer, en el caso concreto, las conductas del pedido en extradición traspasaron las fronteras nacionales y lo podrían comprometer con delitos de tráfico de estupefacientes desde el 2003 al 2011, pues al parecer recolectó en nombre de las Farc pagos conocidos como “impuestos” de productores de cocaína que operaban en áreas controladas por el grupo insurgente, que evidencia la conexidad del tráfico de estupefacientes con la rebelión (M.P. Eugenio Fernández Carlier).