En medio del debate suscitado en la Corte Suprema de Justicia por la competencia de la Sala Penal para juzgar, en una sola instancia, a los aforados constitucionales, mientras se adecuaba la logística que imponía el Acto Legislativo 01 del 2018, la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia revocó la decisión de tutela adoptada por su homóloga, la Sala Civil, en el marco del proceso constitucional adelantado contra Martín Emilio Morales Diz, senador suspendido tras haber sido condenando a 25 años de prisión por concierto para delinquir agravado, entre otros delitos.  De acuerdo con el fallo, mantener la competencia de la Sala Penal hasta que materialmente estuvieran funcionando las salas especiales fue una medida razonable, pues obedece a un ejercicio interpretativo que, ante el limbo jurídico, le permitió a la corporación continuar ejerciendo sus funciones constitucionales y legales hasta tanto estas no fueran efectivamente asumidas por la nueva autoridad (M. P. Rigoberto Echeverri).