La Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, en fallo del pasado 13 de febrero, afirmó que la facultad de retractación de la aceptación de cargos debe estar fundamentada, de forma que se manifieste que aquella no fue voluntaria, libre ni espontánea o que provino de la violación de garantías fundamentales. En su opinión, la función del juez de conocimiento en estos casos implica ejercer una verificación formal y material de tal acto, es decir, es activa. Además, no es factible que el allanamiento a los cargos que se convierte en la acusación pueda ser desconocido de forma pura y simple por el procesado, indicó la corporación. No obstante, aclaró que la retractación solo será admisible cuando se invoque un motivo diferente al señalado al momento de realizar el control de legalidad de la aceptación de cargos. Con estos argumentos, la Corte cambió la jurisprudencia sostenida en el sentido de que la posibilidad de retractarse no exigía justificación alguna (M. P. María del Rosario González).