La Sala Penal de la Corte Suprema advirtió que la Ley 1760 del 2015, que modificó el Código de Procedimiento Penal (Ley 906 del 2004) en lo relacionado con las medidas de aseguramiento privativas de la libertad, no es aplicable a asuntos regulados por la Ley 600 del 2000, comoquiera que esta es una legislación procesal penal diversa. Para la Sala, las causales de libertad provisional tienen una regulación y tratamiento autónomo en cada una de las legislaciones procesales reseñadas, por lo que no resulta procedente que un acusado cuya actuación se tramita por la Ley 600 citada acuda a una causal enlistada en la Ley 906 para reclamar el aludido derecho, pues no existe coincidencia de los plazos. Con esos argumentos, la Corte negó la petición de libertad del excongresista Luis Alfredo Ramos.