La Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, al resolver un conflicto entre jurisdicciones, otorgó competencia a la justicia penal militar para que investigue la posible comisión del delito de concusión endilgado a un miembro de la fuerza pública, ejecutado durante la prestación de su servicio. Si bien se discutía sobre la posibilidad de que fuese la jurisdicción ordinaria la encargada de conocer el asunto, el alto tribunal dejó claro que cuando está probado que el investigado se encuentra en servicio activo, que la posible comisión del delito se realizó mientras se encontraba en cumplimiento o ejercicio de las funciones asignadas y cuando la conducta ilícita tiene una íntima afinidad con esas funciones le corresponde a la jurisdicción especializada adelantar el procedimiento requerido para determinar su responsabilidad (M. P. Magda Victoria Acosta).