En la configuración del prevaricato por acción, la decisión manifiestamente ilegal no es solo la que contraría la norma a aplicar o la ignora, sino también la que proviene de una habilidosa lectura o resuelta desarticulación de las pruebas, aseguró la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia. Según el alto tribunal, ese delito no se estructura si el fallo contiene afirmaciones apenas equivocadas, ya que esto no denota la mala fe del funcionario que lo adoptó, pues, por el contrario, evidencia su intención de encontrar una respuesta novedosa y certera al caso concreto. Frente al principio de congruencia, la corporación explicó que este no se viola cuando existen simples diferencias entre la ponderación de los hechos y preceptos de la acusación y lo establecido en el fallo de instancia, porque esto no genera ningún desequilibrio relevante en los factores estructurales del proceso. En el caso analizado, la Corte confirmó la condena impuesta a un exjuez por la comisión de tal ilícito, quien tramitó una acción de tutela con pleno desconocimiento de la normativa aplicable y sin tener en cuenta el material probatorio aportado al expediente (M. P. Eyder Patiño).