Confirman condena a exmagistrados y rechazan prisión domiciliaria como beneficio automático
Pensión e inhabilidad para ejercer derechos y funciones públicas no puede valorarse como criterio favorable.
12 de Mayo de 2026
La Corte Suprema de Justicia confirmó la condena impuesta a tres exmagistrados del Tribunal de Villavicencio y compulsó copias para que se investiguen sus actuaciones por irregularidades en dos procesos penales y una tutela en los que habrían tomado decisiones contrarias a la ley a cambio de dinero. Por uno solo de los casos pactaron un soborno de $ 2 mil millones.
El fallo de la Sala Especial de Primera Instancia fue impugnado y llegó a la Sala de Casación Penal, que confirmó la sentencia, pero hizo consideraciones frente a la decisión de concederles prisión domiciliaria. “Que los procesados estén pensionados e inhabilitados para ejercer derechos y funciones públicas no puede valorarse como criterio favorable para conceder el beneficio”, afirmó.
Y es que se trataba de magistrados con alta notoriedad y reconocimiento en la región, llamados a preservar la legalidad y recta administración de justicia. No obstante, indicó el alto tribunal, su comportamiento evidenció un total desprecio por el orden jurídico. No solo emitieron decisiones contrarias a la ley, sino que ello representó una verdadera venta de la función pública, con el propósito de favorecer ilícitamente a procesados por conductas graves.
Dicho proceder, agregó, se ajusta a patrones criminales que, en no muy pocos casos, ejecutan los servidores públicos que trafican con la función judicial, quienes utilizan muy variados métodos para evitar aparecer directamente como receptores de la dádiva o de la promesa remuneratoria, con el propósito de ocultar su actuar criminal. Además del soborno, aceptaron dádivas consistentes en fiestas que incluían comida, licor y servicios sexuales.
Aunque no es posible revocar el sustituto, en virtud del principio non reformatio in pejus, que impide desmejorar la situación del procesado, la Sala hizo un enfático llamado de atención para que, frente a este tipo de situaciones, se extreme el rigor en el análisis de los presupuestos legales que se reclaman para la concesión (M.P. Diego Eugenio Corredor Beltrán).
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