La Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia precisó la intención del legislador al permitir cuestionar y atacar el carácter o patrón de conducta de un testigo a través de establecer un patrón de mendacidad, y determinó los límites que consagra el ordenamiento para impugnarle esta credibilidad. Al respecto advirtió que el derecho a la confrontación es una de las principales expresiones del debido proceso, consagrado en tratados internacionales sobre derechos humanos, en las normas rectoras de la Ley 906 del 2004 y en las reglas específicas sobre prueba testimonial. Sin embargo, aclaró que ese derecho no es absoluto, pues también deben considerarse los derechos del testigo que comparece al proceso para cumplir su deber de colaborar con la administración de justicia (M. P. Patricia Salazar Cuéllar).