La Procuraduría General de la Nación presentó un informe sobre los avances y las falencias del proceso de justicia transicional en Colombia.

Según el documento, en el marco de la Ley de Justicia y Paz (L. 975/05), cerca de 35.410 familias víctimas del conflicto armado se han beneficiado con las reparaciones administrativas. De hecho, hasta el 31 de julio del 2011, se ha ejecutado un presupuesto de 652.000 millones de pesos por concepto de reparaciones.

El informe también señala que, en desarrollo de estos procesos, se han ubicado 3.763 cadáveres, de los cuales 1.384 fueron plenamente identificados y 1.295, entregados a familiares.

Además, de acuerdo con información suministrada por la Fiscalía General de la Nación, al 31 de diciembre del 2010, la contribución de los desmovilizados ha permitido documentar 1.614 masacres, 173.618 homicidios, 3.557 casos de reclutamiento forzado de menores, 34.740 desapariciones forzadas, 77.180 eventos de desplazamiento forzado y 3.611 secuestros.

Sin embargo, el panorama no es del todo positivo. La Procuraduría llamó la atención sobre la falta de capacidad del Estado para procesar a 4.634 postulados, realizar las versiones libres de 1.855 de ellos y adelantar los incidentes de reparación integral correspondientes.

Así mismo, señaló que los proyectos productivos desarrollados por los desmovilizados carecen de sostenibilidad y no hay claridad sobre el estado del 45,9% de los planes de negocio desembolsados.

El informe del Ministerio Público afirma que la Alta Consejería para la Reintegración no ha fijado los criterios para establecer cuándo termina el proceso de reintegración de los desmovilizados, razón por la que no se han definido los planes de empleo para la población reinsertada.

Sobre a la entrega de estímulos para incentivar el desarme, aseguró que es una medida perversa, pues lleva a que las personas se provean de nuevas armas, para canjearlas por dinero o bienes.

La Procuraduría advirtió que el modelo integral de atención a víctimas no tiene cobertura en las regiones apartadas del país, pues solo cuenta con proyectos piloto en cuatro ciudades. En palabras de la entidad, este modelo “no tiene un doliente en el Gobierno Nacional, al punto que el Ministerio de la Protección Social no ha asumido la responsabilidad que le compete”.

Por su parte, los postulados a los procesos de Justicia y Paz han solicitado precisión sobre cuándo y en qué presupuestos se les permitirá gozar de la pena alternativa. En su informe, la Procuraduría invitó a dar este debate, pues no hay certeza sobre el procedimiento que se debe seguir.