La Procuraduría General de la Nación interpuso ante el Consejo de Estado una acción de tutela en contra de la Fiscalía Segunda Delegada ante la Corte Suprema de Justicia, en la que alega la vulneración el derecho al debido proceso y de petición, para que en un término “corto y prudencial emita pronunciamiento de fondo sobre la solicitud que presentó el Ministerio Público de declarar crimen de lesa humanidad la muerte violenta de Álvaro Gómez Hurtado”. Según la entidad, el agente especial del Ministerio Público designado para intervenir en la investigación presentó oportunamente la solicitud a la Fiscalía, sin que la misma se haya pronunciado o emitido respuesta en algún sentido, lo que conlleva a la efectiva y autónoma vulneración a derechos fundamentales. “Resultan igualmente vulnerados derechos fundamentales de la sociedad como el acceso a la administración de justicia; el derecho a la justicia real, pronta y cumplida y, por la inacción de la Fiscalía sobre este caso, el derecho de las víctimas al debido proceso, a la verdad, justicia y reparación en la investigación penal”, agregó.