El artículo 414 del Decreto Ley 2700 de 1991 establecía las reglas para determinar si en los casos de privación injusta de la libertad se debía aplicar la responsabilidad objetiva o subjetiva. De esta forma, el régimen era objetivo si el hecho no existió, el sindicado no lo cometió o la conducta no constituía hecho punible. El Consejo de Estado aclaró que aunque estas previsiones fueron derogadas, seguían aplicándose con posterioridad a la Ley 270 de 1996. Ello no implica la ultractividad de los preceptos, sino la aplicación del principio iura novit curia, según el cual es posible que el juez adopte o acoja supuestos de responsabilidad objetiva o subjetiva. El consejero Jaime Orlando Santofimio salvó su voto, pues, a su juicio, sí se estaba aplicando ultractivamente una disposición derogada (C.P. Enrique Gil Botero).