En las cárceles colombianas, 923 postulados a la Ley de Justicia y Paz (Ley 975 del 2005) se están capacitado en derechos humanos, emprendimiento empresarial y mecanismos de justicia restaurativa, a través del programa especial que, para el efecto, impulsa el Ministerio de Justicia.

Esta iniciativa se concentra en la reincorporación a la vida civil de los excombatientes, desde la etapa de privación de la libertad, con el fin de prevenir la reincidencia y su reingreso a grupos armados organizados al margen de la ley.

El programa, que inició con un plan piloto en las cárceles La Picota y El Buen Pastor, en Bogotá, se ejecuta en los principales pabellones de Justicia y Paz de la capital del país, Itagüí, Chiquinquirá, Barranquilla y Bucaramanga.

Los excombatientes reciben un mínimo de 42 horas de formación en derechos humanos y justicia restaurativa, para que asuman roles y actitudes que contribuyan de manera efectiva al esclarecimiento de la verdad, la reparación simbólica y la reconciliación con las víctimas.

Además, reciben, en promedio, ocho horas de atención psicosocial, con el fin de atender sus dificultades emocionales y sicológicas, recuperar sus proyectos de vida y reconstruir redes familiares y sociales que les permitan iniciar una vida en la legalidad. En cuanto al emprendimiento empresarial, se preparan tanto para el empleo como para las iniciativas productivas que prefieran.

Así mismo, tienen un módulo de capacitación llamado Ruta Jurídica-Puente a la Vida Libre, para que tengan el conocimiento necesario sobre el marco jurídico que regula su situación y las alternativas que el Estado les ofrece al salir de prisión. La proyección es que, en cuatro años, el 85 % de estas personas hayan culminado su participación en este programa.

La iniciativa fue diseñada en el 2013 por el Centro de Investigaciones Socio-jurídicas de la Universidad de los Andes, en asocio con el Ministerio de Justicia, que luego de un estudio empírico con los postulados, determinó las líneas de acción necesarias para contribuir a la resocialización de esta población carcelaria.

Cabe recordar que, hace dos semanas, el fiscal General de la Nación, Eduardo Montealegre Lynett, aseguró que en temas de resocialización, la política criminal del país es un fracaso. “Las penas privativas de la libertad y su ejecución en Colombia no muestran ni cumplen el verdadero fin de resocialización. Se supone que, teóricamente, uno los bienes privativos de la libertad es la resocialización, pero en algunos casos esta no cumple con su función”, aseguró.

En su opinión, las políticas penitenciaria y criminal han fracasado, pues el país se ha olvidado de dos elementos fundamentales: la función resocializadora de la pena y “que seguir aumentando penas no es la solución”