La reforma a la Ley 906 del 2004 propuesta por el Ministerio de Justicia y el Fiscal General de la Nación en lo relacionado con las medidas de aseguramiento privativas de la libertad acaba de recibir ponencia favorable para primer debate. Los senadores ponentes piden mantener el articulado original, por lo que vale mencionar los cuatro objetivos de la iniciativa: 1) las medidas de aseguramiento privativas de la libertad no podrían exceder de un año, 2) solo podrán imponerse cuando se pruebe ante el juez de control de garantías que las no privativas de la libertad resultan insuficientes, 3) la imposición de la medida solo se dará cuando existan razones para suponer que el imputado constituye un peligro futuro para la sociedad o la víctima y 4) no podrán transcurrir más de 120 días entre la presentación del escrito de acusación y el inicio de la audiencia de juicio, ni más de 150 días entre el inicio de esta última y la audiencia de lectura del fallo, para evitar la causal de libertad por vencimiento de términos.