Juez que decide conflicto de competencias no debe resolver si se cometió o no un delito

Para resolver un conflicto de competencias entre la justicia penal militar y la justicia ordinaria, el análisis no debe centrarse en determinar si los imputados cometieron un delito, sino en establecer si los hechos investigados fueron cometidos por militares en servicio activo y en relación con este, precisó la Sala Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura.

Así las cosas, el juez de la causa es quien debe auscultar si los implicados mienten sobre la existencia del combate, la forma en que ocurrieron los hechos, si se extralimitaron en el uso de la fuerza, sin incurrieron en conductas sancionables penalmente o si, por el contrario, actuaron conforme a la ley o en defensa de sus vidas.

“La jurisdicción disciplinaria no se puede ocupar de estudiar la forma como ocurrieron los hechos, ya que esta es una tarea del juez del caso y de hacerlo ello equivaldría a una intromisión que vulnera el principio de autonomía”, indica la sentencia.

Con esta advertencia, la Sala decidió que el Juzgado 21 de Instrucción Penal Militar de Valledupar es el encargado de procesar a un teniente, un cabo primero y dos soldados del Ejército, por la muerte de una persona cerca del municipio El Paso (Cesar).

Durante la operación militar “Soberanía”, realizada el 13 de marzo del 2008 en contra de integrantes de las llamadas “Águilas Negras”, quienes estaban extorsionando comerciantes de la región, los uniformados se encontraron en la vía con dos hombres en una motocicleta y, debido a que estos no atendieron el llamado de pare, les dispararon, dando muerte a uno de ellos.

“Estando probado que los implicados son miembros activos del Ejército Nacional y que los hechos investigados están relacionados con el servicio, es la jurisdicción penal militar quien debe continuar conociendo de la investigación penal, para que en ejercicio de su competencia ausculte si los implicados obraron o no al margen de la ley”, concluyó el alto tribunal.

(Consejo Superior de la Judicatura, Comunicado, feb. 6/12)