La primera propuesta de reforma penal del año pretende sancionar los actos discriminatorios en materia racial, nacional, cultural o étnica. Así, la discriminación, segregación y persecución por estos motivos se castigaría con prisión de tres a seis años. Pero el castigo se reducirá en una tercera parte si el acusado se retracta de la conducta y cumple con la prestación del servicio negado.