El Gobierno reglamentó ayer la Ley 1424 del pasado 29 de diciembre, que busca solucionarles la situación jurídica a más de 19.000 desmovilizados de grupos armados ilegales, luego de que la Corte Constitucional descartó aplicarles el principio de oportunidad. A quienes dejaron las armas y cumplan con una serie de condiciones les podrán suspender las órdenes de captura y la ejecución de la pena. Algunos de los requisitos son los siguientes: no haber incurrido en delitos con posterioridad a la desmovilización y firmar un compromiso para contribuir con la verdad histórica y la reparación. El plazo para presentar la solicitud vence el próximo 28 de diciembre. Quien no lo haga perderá la posibilidad de acceder a los beneficios de dicha ley.