El actual Código de Procedimiento Penal faculta, de manera excepcional, a la Fiscalía para emitir órdenes de captura, pero en caso de sometimientos masivos la base jurídica no existe, por lo que las órdenes deben ser expedidas por los jueces de garantías de manera individual, señaló el director nacional de Fiscalías, Néstor Armando Novoa.

Según Novoa, se requiere una reforma o una nueva ley que indique el procedimiento en caso de entregas masivas a la justicia, para solucionar los vacíos jurídicos de la ley ordinaria.

El pronunciamiento lo hizo el funcionario al explicar el procedimiento seguido en el sometimiento de los 267 miembros del grupo criminal Erpac. En su opinión, aunque estas personas manifestaron su intención de someterse a la justicia, salieron libres porque no podían ser detenidas, ya que se podría incurrir en un secuestro masivo.

“En Colombia, la defensa es tan garantista que se puede llegar a eso, y si nosotros entramos a presionar, fácilmente rayamos en un constreñimiento ilegal y a eso la Fiscalía General de la Nación no se puede prestar”, anotó.

El funcionario indicó que en este caso no existió una situación de flagrancia ni fue una entrega negociada, sino que hubo un sometimiento, por lo que, si las personas no están privadas de la libertad, es porque no hay orden de captura en su contra y son ellos quienes deciden si quieren estar o no dentro del procedimiento.

Por su parte, la directora nacional del Cuerpo Técnico de Investigaciones, Carmen Maritza González, reveló que, hasta el momento, se abrieron 472 carpetas de investigación en desarrollo del proceso de sometimiento a la justicia de las Erpac; se realizaron 19 audiencias a jefes de la organización criminal, que se cobijaron con medida de aseguramiento; 13 personas estaban reportadas como desaparecidas y 15 como desmovilizados de grupos paramilitares.

Gobierno desmiente

El ministro del Interior, Germán Vargas Lleras, dijo que, contrario a lo afirmado por la Fiscalía General, no existe ningún vacío jurídico en estos casos.

Vargas Lleras señaló que cuando una persona acepta haber hecho parte de una organización ilegal y se entrega a la justicia, el procedimiento lo rige el Código Penal. “No es una negociación, ni un sometimiento, ni aplica a la Ley de Verdad, Justicia y Reparación y a ninguna disposición distinta a la aplicación de las normas penales”, afirmó.

El ministro aseguró que es a la Fiscalía a la que le corresponde imputarles cargos a todos los integrantes de esta organización criminal para que, posteriormente, se dé la captura de todos ellos. Además, reiteró que dicha entrega no corresponde a ningún proceso de negociación con el Gobierno Nacional.

“Cualquier entrega a la justicia debe ser sometida al Código de Procedimiento Penal y al Código Penal. Ello implica que la Fiscalía General pida la orden de captura a cualquier miembro de esa organización, por la sola pertenencia a la misma y por concierto para delinquir. Luego, se procederá ante los jueces de la República a legalizar las capturas y a imputarles cargos”, dijo el Ministro del Interior.