Suprimir las audiencias de formulación de imputación; reformar las negociaciones, preacuerdos y principios de oportunidad;  establecer  plenamente el principio de justicia premial, y conceder beneficios  por la colaboración eficaz posterior a la sentencia condenatoria, entre otros, son algunas de las propuestas hechas por la Fiscalía General de la Nación y la Corte Suprema de Justicia para reformar el sistema penal oral acusatorio.

En el marco del II Foro de análisis del sistema penal oral acusatorio, que se realizó en Paipa (Boyacá), la Fiscalía expuso de manera general 14 puntos que se tuvieron en cuenta para el diagnóstico de las principales falencias que presentaba el sistema para plantear su reforma.

Según la entidad, la propuesta se desarrolló con base en el diagnóstico que arrojaron los principales actores del sistema procesal penal y la recopilación de documentos enviados por las diferentes seccionales de la Fiscalía, así como distintos tribunales de todo el país, algunas universidades y otras instituciones.

De esta manera, la iniciativa contempla suprimir la audiencia de formulación de imputación, puesto que, a su juicio,  esta cumple la misma finalidad de la formulación de acusación.

“Se propone que el proceso se inicie formalmente con la acusación, se aumenten los términos de indagación y la prescripción de la acción penal se interrumpa con la formulación de acusación. Igualmente, se autoriza la negociación y realización de preacuerdos previos a esta diligencia, pero dado el caso que se hagan efectivos serán tenidos en cuenta como escrito de acusación”, explica el documento.

Adicionalmente, se plantea  modificar las negociaciones, preacuerdos y principios de oportunidad. Sobre el tema, se señala que es necesaria la modificación ante los requisitos excesivos para la aplicación de estas formas de terminación anticipada de los casos.

En cuanto al allanamiento a cargos, se pretende definir en forma concreta la rebaja de pena que se reconoce a quien aceptó cargos, según la etapa procesal. En materia de preacuerdos, la Fiscalía sostiene que se deben definir los conceptos de negociaciones, preacuerdos y acuerdos; así como incluir la relación de facultades que le asisten para realizarlos.

Adicionalmente, se pide el restablecimiento pleno de la justicia premial. Así, el proceso penal debe tener una mirada diferente para optar por la solución más legítima posible al conflicto que ha generado un delito, siempre bajo el principio de ponderación.

“La justicia premial permite dotar de eficiencia y eficacia a la justicia penal, por eso es necesario restablecer estos beneficios para obtener formas de terminación anticipada del proceso, y buscar mecanismos alternativos a la solución del conflicto. La propuesta entonces es derogar las leyes posteriores a la Ley 906 que dieron origen a las restricciones”, señala.

Respecto al descubrimiento probatorio, se propone que este se exija a la defensa 10 días antes de la audiencia preparatoria y que se haga de manera informal por fuera de audiencia.

Así mismo, se plantea que la Fiscalía deberá poner en conocimiento todos los elementos materiales probatorios y no solamente los que vayan a llevar a juicio, para que la defensa tenga pleno conocimiento.

Finalmente, en el tema de la justicia restaurativa, se plantea potenciar un modelo alternativo para resolver conflictos con el que se pretende descongestionar la justicia, brindar mayor protección a las víctimas  y articular el proceso penal con el proceso de paz; definiendo mecanismos y reglas que constituyen esta justicia restaurativa.

Vale la pena recordar que, hace dos semanas, el ministro de Justicia, Alfonso Gómez Méndez, aseguró que llegó el momento de hacer una revisión del sistema penal acusatorio, con respecto a sus dos principales metas: agilizar el procedimiento penal y hacer efectivo el principio de libertad como una norma y no como una excepción.