El Gobierno indicó que el Fiscal General de la Nación podrá suspender las órdenes de captura que se hayan dictado o se dicten en contra de los representantes de las organizaciones armadas al margen de la ley que actúen como negociadores en los diálogos de paz, por el término que solicite el Ejecutivo.

Así, la resolución que reconozca la calidad de representante de estos grupos será suficiente para poder salir del país. Sin embargo, en el caso de las FARC, la norma que reconoce a los negociadores todavía no ha sido expedida.

Para tal efecto, el Gobierno notificará a las autoridades el inicio, la terminación o la suspensión de diálogos, negociaciones o firma de acuerdos, y certificará la participación de las personas que actúan como voceros o representantes de dichos grupos armados.

Vale la pena recordar que el  Gobierno autorizó la instalación de una mesa de diálogo con las FARC, para definir los puntos de un “acuerdo general para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera”.