En desarrollo de la Ley de Orden Público (L. 418/97), modificada por la Ley 1421 del pasado 21 de diciembre, el Gobierno expidió un nuevo reglamento para el otorgamiento de beneficios socioeconómicos a los desmovilizados de grupos armados ilegales.

Con el propósito de incentivar la desmovilización y facilitar el proceso de reintegración a la vida civil, el Decreto 1391 del pasado 3 de mayo autoriza el otorgamiento de un apoyo económico hasta por 480.000 pesos mensuales a quienes estén en ese proceso.

Previo a ello, los desmovilizados recibirán, durante los dos primeros meses de su ingreso al programa, 400.000 pesos mensuales, siempre y cuando hayan surtido el procedimiento de ingreso formal y se presenten personalmente, al menos una vez al mes, ante la Alta Consejería Presidencial para la Reintegración Social y Económica de Personas y Grupos Alzados en Armas de su domicilio.

Como estos recursos son temporales, el reglamento prevé la entrega, por una sola vez, de un incentivo que sirva de fuente permanente de generación de ingresos, hasta por ocho millones de pesos, a través de una de las siguientes figuras: estímulo económico a la empleabilidad o capital semilla para la financiación de un plan de negocio.

El primero busca la permanencia del desmovilizado en una actividad productiva, autogestionada o gestionada por dicha consejería. Los recursos se destinarán a la adquisición de vivienda propia nueva o usada o al pago de la hipoteca de un inmueble adquirido con anterioridad.

Para quienes se desmovilizaron en grupo en el marco de acuerdos con el Gobierno Nacional, el estímulo económico a la empleabilidad corresponderá al monto acordado en la negociación.

Estos recursos no se desembolsarán directamente a quien esté en el proceso de reintegración, sino que se les consignarán a los vendedores o proveedores, operadores o entidades financieras, etc. El capital semilla para la creación de una empresa o negocio tiene similares condiciones.

Otro apoyo económico es el pago de un seguro de vida para quienes estén en proceso de reintegración, con una cobertura de 15 salarios mínimos legales mensuales vigentes, por el término de un año.

Mediante resolución, se fijarán los requisitos, las características y las condiciones específicas para el acceso a esos beneficios y sus montos, de acuerdo con los topes señalados, precisa el decreto.

(Mininterior, D. 1391, mayo 3/11)