La Corte Suprema de Justicia reiteró que la intervención de las víctimas en el proceso penal y su interés porque la justicia resuelva un asunto es un derecho fundamental que debe garantizar, además de la efectiva reparación por el agravio, la verdad sobre lo ocurrido y el acceso a la justicia. Dicho pronunciamiento lo hizo la Sala Penal al revocar una decisión de un magistrado de Justicia y Paz y ordenar al Incoder que inicie el trámite administrativo para revocar los títulos de propiedad de 36 predios del departamento del Magdalena que fueron adjudicados al jefe paramilitar Rodrigo Tovar Pupo. Según la corte, la falta de diligencia por parte de las autoridades correspondientes para devolver los predios obtenidos ilícitamente es una forma de vulnerar el derecho a la reparación y al acceso a la justicia de las víctimas. Por tal razón, la sala ordenó la compulsa de copias para que se investigue la conducta de quienes permitieron el despojo y de los que retrasaron la devolución (M. P. Fernando Castro).