Además de las normas contenidas en la Constitución Política y en los tratados internacionales de derechos humanos ratificados por Colombia, la Convención sobre los derechos del niño también hace parte integral del Código de la Infancia y la Adolescencia (Ley 1098 del 2006). Así las cosas, la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia aseguró que en todo caso se aplicará siempre la norma más favorable al interés superior del niño o adolescente. Conforme a varias disposiciones aplicables a la justicia penal para adolescentes, concluyó que uno de los objetivos primordiales de la Ley 1453 del 2011 es dar al menor una efectiva oportunidad de reintegración adecuada a la sociedad, la cual no se consigue cuando simplemente se le priva de su libertad. Por el contrario, adquiere mayor conocimiento de la delincuencia. Además, indicó que la respuesta al delito cometido debe ponderar con las circunstancias y necesidades del menor, así como a las necesidades de la sociedad. Con todo, enfatizó que existen varias disposiciones que pretenden solucionar las tensiones de la administración de justicia penal para menores infractores referidas en especial a la rehabilitación versus la retribución, la asistencia estatal frente a la represión y el castigo. También, la respuesta frente al caso y la protección de la sociedad, consolidando un conjunto de exigencias orientadas a no dar prelación a la privación de libertad y por el contrario a otras medidas que cumplen con el respeto por la dignidad de los niños y sus garantías fundamentales, puesto que resultan incuestionables las influencias negativas del ambiente penitenciario sobre el individuo, con mayor si es un menor (M. P. Luis Antonio Hernández Barbosa).