Cuando el procesado es absuelto en aplicación del principio in dubio pro reo puede concluirse que se le causó un daño antijurídico, porque la administración de justicia no consiguió desvirtuar la presunción de inocencia ni desplegó toda la actividad probatoria para lograr establecer la responsabilidad o inocencia del ciudadano vinculado a una investigación penal. Así lo recordó el Consejo de Estado al conocer el caso de una persona que fue vinculada a un proceso penal por ser presuntamente cómplice de un secuestro. La persona fue absuelta por encontrarse serias dudas sobre si ella solo arrendó una habitación de su residencia a quienes participaron en el delito (C.P. Hernán Andrade Rincón).