Penal
Dictan medida de aseguramiento contra general (r) Maza Márquez, por asesinato de Luis Carlos Galán
Según la Fiscalía, hay evidencias de nexos entre el DAS y paramilitares del Magdalena Medio, que habrían sido responsables de la planeación del crimen.Openx [71](300x120)
20 de Noviembre de 2013
Por su presunta responsabilidad en el homicidio del excandidato presidencial Luis Carlos Galán Sarmiento, el general (r) Miguel Alfredo Maza Márquez, director del DAS para le a época de los hechos, fue cobijado con medida de aseguramiento consistente en detención preventiva, informó la Fiscalía General de la Nación.
Así lo indicó el jefe del ente investigador, Eduardo Montealegre, tras la nueva acusación que presentó contra Maza ante la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia.
Montealegre señaló que el repentino cambio en el grupo de escoltas encargados de la seguridad del entonces candidato liberal y actuaciones aparentemente encaminadas a desviar las investigaciones iniciadas luego del asesinato constituyen indicios de la responsabilidad del acusado.
A su juicio, hay evidencias de nexos entre el organismo a cargo de Maza y paramilitares del Magdalena Medio, que habrían sido responsables de la planeación del crimen.
Maza ya había estado detenido dos veces por decisión de fiscales de Derechos Humanos que, en su momento, consideraron que “hay argumentos testimoniales y pruebas documentales que demuestran que con el cambio de la escolta se permitió el crimen”.
El oficial en retiro quedó libre en enero del 2012 por decisión de la Corte Suprema, que consideró que tenía fuero y no podía ser juzgado por un juez especializado. Sin embargo, la Corte no anuló las pruebas que existían en el caso por los presuntos delitos de homicidio agravado y tentativa de homicidio.
Justamente, en agosto pasado, la Fiscalía General de la Nación encontró más de 25 conexiones entre los magnicidios de los excandidatos presidenciales Luis Carlos Galán Sarmiento, Bernardo Jaramillo Ossa y Carlos Pizarro Leongómez, asesinados entre los años 1989 y 1990.
Los resultados fueron obtenidos en una investigación adelantada por la Unidad Nacional de Análisis y Contexto de la Fiscalía, que estudió tres investigaciones adelantadas por distintos despachos de la Unidad de Derechos Humanos.
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