Luego de la serie de críticas que despertó el auto en el que la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia rechazó la legalidad de las pruebas obtenidas del computador del abatido jefe guerrillero alias Raúl Reyes en contra del excongresista Wilson Borja, esa corporación reclamó respeto por sus decisiones y rechazó las expresiones degradantes en su contra.

La Sala Penal explicó que las autoridades encargadas de la operación Fénix, desarrollada en territorio ecuatoriano, y en la que se dio muerte a Raúl Reyes, desatendieron el debido proceso que se debe aplicar a la producción de pruebas en el exterior.

A su juicio, en dicho operativo se traspasaron las fronteras y, de facto, se recogió material probatorio, lo que determinó que se declarara ilegal el contenido demostrativo de los elementos de prueba, en este caso, archivos de texto que contienen presuntos correos electrónicos del jefe guerrillero.

En un comunicado, la Sala insistió en que en la recolección de la prueba no siguió los procedimientos establecidos por el Código de Procedimiento Penal colombiano ni por el Convenio de Cooperación Judicial y Asistencia Mutua en Materia Penal celebrado entre los gobiernos de Colombia y Ecuador y ratificado por el Congreso de la República mediante la Ley 519 del 4 de agosto de 1999.

Además, afirmó que la providencia no se detuvo en el análisis del cumplimiento de los protocolos propios de la cadena de custodia ni en el examen de la autenticidad de los elementos probatorios.