El aumento del término de prescripción para delitos cometidos por servidores públicos está justificado, porque la pérdida de legitimidad del Estado y el costo social de permitir que esos ilícitos queden impunes son más graves, reiteró la Sala Penal de la Corte Suprema. Además, la corporación indicó que la extensión del término de prescripción ocurre cuando el funcionario público comete el delito en el ejercicio de sus funciones y cuando lo realiza con ocasión de su cargo, pues ambas situaciones facilitan la ejecución de la conducta punible. La Corte señaló que el término prescriptivo de la acción penal en la etapa de instrucción es el máximo de la pena aumentado en una tercera parte y en la etapa de juicio es la mitad de ese tiempo, sin que pueda ser inferior a 5 años ni superior a 10 (M.P. Fernando Alberto Castro).