De acuerdo con la Corte Suprema de Justicia, no cabe afirmar que la privación de la libertad que tiene lugar como consecuencia del cumplimiento de la pena alternativa impuesta en una sentencia de Justicia y Paz tenga la virtud de subsumir o confundirse en una sola con la medida de aseguramiento de detención preventiva intramural que pesa sobre el mismo individuo en su condición de investigado en otro expediente de Justicia y Paz, pues, a juicio de la corporación, se trata de situaciones de muy distinta naturaleza. Así las cosas, el alto tribunal aclara que la petición de la sustitución de medidas de aseguramiento y la verificación de las específicas exigencias reseñadas en el artículo 18A de la Ley 975 del 2005 configuran el mecanismo idóneo para que el procesado se beneficie de una medida no privativa de la libertad, con total independencia de la situación que se suscite ante el juez con función de ejecución de sentencias de Justicia y Paz del territorio nacional (M.P. José Luis Barceló Camacho).