La Corte Suprema de Justicia señaló que una censura contra una decisión judicial de instancia debe ser seria, de contenido sustancial, apoyada en argumentos de hecho y derecho que demuestren la falencia o falencias de la decisión impugnada. De esta forma, la Sala Penal confirmó un fallo condenatorio proferido contra una ex fiscal que precluyó la investigación contra un sindicado que fue descubierto en flagrancia, omitió decidir algunos recursos y desapareció el expediente del proceso. Para la corporación estaba demostrada la configuración de los delitos de prevaricato por acción, prevaricato por omisión y falsedad en documento público por destrucción, supresión u ocultamiento agravado (M.P. Javier Zapata Ortiz).