La Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia recordó que a partir de la Sentencia 33254 del 2013 impera el criterio jurisprudencial conforme al cual en la dosificación de la pena no puede aplicarse el incremento genérico de la Ley 890 del 2004 cuando:

1.                   El procesado se allane a cargos o celebre un preacuerdo con la Fiscalía.

2.                 Se proceda respecto de alguno de los delitos respecto de los cuales, por virtud del artículo 26 de la Ley 1121 del 2006 (uno de ellos el de extorsión), no son viables las rebajas de pena por aceptación de cargos.

De acuerdo con el pronunciamiento, la Corte advirtió, en aquella oportunidad, que  tal determinación de ninguna manera comporta una discriminación injustificada en relación con los acusados por otros delitos que sí admiten rebajas de pena por allanamiento y preacuerdo, como quiera que en eventos de condenas precedidas del juicio oral la mayor intensidad punitiva no sería el producto de una distinción arbitraria en el momento de la tipificación legal, ajustada por la Corte, sino el resultado de haber sido vencido el procesado en el juicio, sin haber optado por el acogimiento a los incentivos procesales ofrecidos por el legislador; mientras que frente a sentencias condenatorias por aceptación de cargos la menor punibilidad, precisamente, sería la consecuencia de haberse acudido a ese margen de negociación, actualmente inaccesible a los delitos referidos en el artículo 26 de la Ley 1121. 

Por esa razón, en el caso analizado, declaró fundado el recurso de revisión por variación favorable de la jurisprudencia y, en consecuencia, excluyó el incremento de una tercera parte de la pena dispuesto que había sido dosificado en la pena impuesta a un ciudadano que se allanó a los cargos imputados por el delito de extorsión (M. P. Eugenio Fernández).

Corte Suprema de Justicia Sala Penal, Sentencia SP-11752018 (51300), Abr. 18/18.