La norma que tipifica el delito de falsedad ideológica en documento público protege la credibilidad en el contenido de tales documentos dada por el conglomerado, en cuanto se ha convenido otorgarles valor probatorio de las relaciones jurídico sociales que allí se plasman. Bajo este supuesto, la Corte Suprema de Justicia reiteró que las actas de reparto constituyen documentos públicos con vocación probatoria, a partir de su naturaleza y trascendencia jurídica. Estas actas sirven para dar fe del agotamiento del mecanismo administrativo adoptado para tal efecto. Cuando un nuevo proceso es asignado sin obedecer a las reglas previamente establecidas para el reparto, se causa daño severo al principio de imparcialidad, se resquebrajan los presupuestos de competencia y se lesionan los legítimos intereses de las partes involucradas en el asunto, puntualizó la Sala Penal (M.P. Gustavo Enrique Malo).