La Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, al resolver un recurso de casación a luz de la Ley 600 del 2000, advirtió que el derecho a ser reparado por los agravios sufridos como consecuencia de la comisión de un delito, no obstante tener rango fundamental, no es absoluto ni puede ejercerse arbitrariamente en perjuicio de otros principios y garantías de idéntica jerarquía, lo cual sucedería de condenarse al procesado al pago de un daño respecto del cual no existe suficiente demostración. En efecto, el alto tribunal hizo ver que ni siquiera en el contexto de violaciones masivas de derechos humanos, en el que se ha promovido la flexibilización de las reglas probatorias en relación con la acreditación del daño sufrido por las víctimas, ha sido admitida como prueba de la existencia del daño su escueto cálculo desprovisto de soporte alguno (M. P. Eugenio Fernández).