En una sentencia de tutela, el Consejo Superior de la Judicatura le ordenó a la Registraduría Nacional expedir la cédula a una ciudadana a la que le fueron cancelados los cupos numéricos que la entidad ya le había asignado. A juicio del alto tribunal, se le vulneraron los derechos fundamentales al debido proceso y al libre desarrollo de la personalidad, ya que la cédula es un instrumento necesario para la identificación de las personas que acredita el reconocimiento de derechos y obligaciones. En el caso en estudio, la Registraduría entregó dos cédulas con diferente número a una ciudadana, a quien le iniciaron proceso por falsedad en documento público y, posteriormente, un juez ordenó la cancelación del primer número y la Fiscalía decidió eliminar el último (M. P. Pedro Alonso Sanabria Buitrago).