Por medio de la Directiva 02 del 2016 se establecen las herramientas necesarias para determinar si una conducta delictiva corresponde a un delito de lesa humanidad. Vale la pena mencionar que esta labor resulta compleja en el proceso penal, puesto que el concepto y los elementos de este tipo de delitos no se encuentran definidos de forma clara y delimitada en la legislación colombiana, ni en un tratado de aplicación general. Así, a pesar de que no existe una normativa que criminalice en el derecho interno estos delitos, cuando la comisión de un delito cumple con sus características contextuales, el funcionario judicial debe reconocer ese hecho en la sustentación de su pronunciamiento. No obstante, en la parte resolutiva de la decisión el fiscal o juez deberá aplicar los tipos previstos en el Código Penal. Con lo anterior, la Fiscalía busca garantizar que la descripción de los hechos refleje la realidad de macrocriminalidad y la gravedad detrás de la comisión delito; además, busca que se reconozca en sede judicial que no se trató de un hecho aislado, sino que, por el contrario, fue parte de un ataque masivo dirigido contra todo un segmento de la población civil, planeado o ejecutado por el Estado o por una organización.