El Ministerio de Justicia radicó un proyecto de ley que busca establecer un marco normativo para avanzar hacia la ‘paz total’ en Colombia. Esta iniciativa pretende fortalecer los procesos de desmovilización y reintegración de actores armados ilegales, siempre garantizando los derechos de las víctimas y asegurando un mínimo de pena privativa de la libertad para quienes se acojan a los beneficios. La propuesta integra criterios jurídicos claros que respaldan la acción del Estado frente al conflicto y el crimen organizado.

La propuesta, liderada por el ministro de Justicia, Eduardo Montealegre, establece diferencias entre los grupos armados con carácter político y las estructuras criminales. En ese sentido, se plantea un tratamiento político para actores como el ELN y las disidencias de las Farc, mientras que a bandas como el Clan del Golfo se les aplicará un modelo de sometimiento a la justicia con beneficios condicionados al desarme, la cooperación y la reparación. (Lea: PAZ TOTAL: Habilitación para generar conversaciones con desmovilizados no implica renegociar acuerdos)

El proyecto detalla que los beneficios jurídicos estarán sujetos al cumplimiento de compromisos verificables, como cesar hostilidades contra la población, colaborar con la verdad, reparar a las víctimas y asumir compromisos de reintegración. Asimismo, busca ordenar el actual marco normativo disperso, facilitando una actuación más eficaz de jueces, fiscales y autoridades frente a los desafíos del conflicto armado y la criminalidad.

Con este proyecto, avalado por el Consejo Superior de Política Criminal, el Gobierno espera consolidar una herramienta legal que respalde el camino hacia una paz duradera, centrada en la verdad, la justicia y la protección de las comunidades. La iniciativa también pretende contribuir a la seguridad ciudadana y cerrar espacios de impunidad mediante un enfoque humanitario y judicial equilibrado.

En materia de penas, a los máximos responsables de graves violaciones a los derechos humanos, crímenes de guerra, crímenes de lesa humanidad, graves infracciones al DIH y delitos conexos se les aplicará una pena alternativa privativa de la libertad de cinco años y no superior a ocho años. A los demás integrantes sin rol de dirección o capacidad de mando en la organización se les impondría una pena alternativa de dos a cinco años.

Además, a quienes fueron excluidos de los procesos de Justicia y Paz y de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) se les aplicaría una pena alternativa privativa de la libertad por un periodo mínimo de ocho años y no superior a diez.

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