La Confederación General del Trabajo, en cabeza de su presidente, Julio Roberto Gómez, presentó una demanda de inconstitucionalidad en contra de la Ley 1539 del 2012, a través de la cual se implementa el certificado de aptitud sicofísica para el porte y tenencia de armas de fuego. De acuerdo con el escrito, se vulneran los derechos al hábeas data, al trabajo, a la libertad de ejercer un oficio, a la libertad de empresa y al principio de confianza legítima, entre otros. En su concepto, la Ley 1539 se debió haber tramitado como estatutaria y no como ordinaria (demandante: Julio Roberto Gómez).