Propuesta de reforma al Código Penitenciario no es la solución a la crisis: Fiscal General

El fiscal general de la Nación, Eduardo Montealegre Lynett, aclaró que aunque comparte los lineamientos generales de la propuesta de reforma al código penitenciario planteada por el Gobierno, esta no solucionará el problema penitenciario ni la grave crisis por la que atraviesa el sistema penal colombiano.

Según Montealegre, tres elementos han contribuido a esta crisis: la concepción maximalista del Derecho Penal, el populismo punitivo y el retroceso en la protección de los derechos fundamentales.

“Si queremos avanzar en una estructura penitenciaria que dignifique al hombre y que realmente cumpla con los fines de la pena consagrados en la Convención Americana de Derechos Humanos, Colombia tiene que avanzar a una reforma integral de su política criminal”, agregó.

En ese sentido, sostuvo que si bien hay un avance con las modificaciones al código, la solución a la crisis debe enfocarse en la construcción de una política criminal coherente, sin limitar el problema a la sobrepoblación carcelaria, el hacinamiento y la salud de los reclusos.

El Fiscal puso énfasis en la necesidad de hacer una revisión crítica al sistema penal colombiano, para detectar las fallas estructurales de la política criminal que se ha venido ejecutando desde hace 20 años.

“En vez de entender el Derecho Penal como el último instrumento con que cuenta el Estado para la solución de los conflictos sociales, los Estados modernos han acudido a la política facilista de creer que la solución de los problemas sociales al interior de un conglomerado y de una nación es la huida hacia el derecho penal. Como no se pueden resolver los problemas sociales, la solución es la tipificación de conductas y acudir a un derecho penal máximo, hacía a la expansión del derecho penal, como forma de la solución del conflicto”, explicó.

A su juicio, ante la ineficiencia del Estado en la construcción de una verdadera política de lucha contra el crimen, se acude al camino fácil de una política criminal fundamentada exclusivamente en el aumento de penas.

Finalmente, manifestó que “en vez de construir verdaderas políticas sociales de reforma, estamos acudiendo a la represión penal como forma de solución de los conflictos, haciéndole creer a la ciudadanía que así se está luchando contra la criminalidad”.